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Jueves, 5 de junio de 2014

La formación saldrá a concurso

El Ministerio de Empleo está firmemente decidido a incorporar los principios de transparencia y competencia a la oferta de formación para el empleo, con objeto de impedir la repetición de los casos de presuntos fraudes y corrupción en la oferta formativa, como los ocurridos en Andalucía y en Madrid.

Con este fin, una de las medidas básicas que incluirá la reforma de la formación que está ultimando el Departamento que dirige Fátima Báñez es la obligación para todas las comunidades autónomas de sacar a libre concurrencia competitiva toda la oferta formativa de su competencia. De hecho, durante la última reunión entre el Ministerio y los agentes sociales para debatir esta reforma, que se celebró en la última semana, Empleo consiguió el consenso de los sindicatos y empresarios para que la normativa aplicable para el diseño y la adjudicación de los cursos de formación para el empleo sea la norma del Estado en todo el territorio nacional.

 

El proyecto que prepara el Ejecutivo impedirá también que los sindicatos y las organizaciones empresariales puedan presentarse, como tales organizaciones, a la oferta de concurrencia competitiva, y sólo podrán hacerlo a través de las empresas que tienen ya constituidas o de nueva creación. Además, y para garantizar la eficacia en los cursos de formación y la transparencia en las adjudicaciones, la Administración va a elaborar una normativa con los requisitos de cualificación, medios técnicos y humanos para poder presentarse a la oferta de concurrencia. En medios próximos al Ministerio se comenta también que la oferta de formación para el empleo deberá someterse a lo dispuesto en la nueva ley de subvenciones, que limita el adelanto de las subvenciones otorgadas a sólo el 40% del total, y no a la totalidad del importe concedido, desembolsándose el resto de la cantidad cuando se ejecute el proyecto.

 

La Administración estima también, a este respecto, que la cofinanciación por parte de las empresas en las actividades de formación y la financiación mediante anticipo parcial favorecerá la eficacia de la formación prestada y el papel de los beneficiarios en el control. También, y como ya se había anunciado, la reforma incluye la creación de una unidad específica de control y de un buzón de denuncias que será gestionado por la Fundación Estatal para la formación en el empleo que, de acuerdo con el borrador del proyecto entregado por el Ministerio, "'podría aportar vías ágiles para la transparencia y publicidad" de las situaciones fraudulentas en los cursos. En la reunión entre el Ministerio y los agentes sociales de la última semana se cerró también un compromiso para impulsar el número de trabajadores que puedan obtener la certificación de cualificación profesional en base a la experiencia profesional. Es esta una fórmula de cualificación por la que se le acredita al trabajador una formación profesional derivada de los años de desempeño de su actividad, aunque luego deba realizar algún tipo de formación complementaria.

 

Otro aspecto importante en la reforma será la centralización de la información sobre la cualificación de cada trabajador con objeto de que funcione la llamada "mochila" de formación y no haya barreras entre las comunidades autónomas. La reforma de la formación para el empleo introducirá también, y por vez primera, una reserva de fondos para la formación de los colectivos que no tienen cuota, entre los que se incluyen los autónomos, empleados públicos, miembros de las Fuerzas Armadas, cuidadores no profesionales y también las empleadas del hogar. El proyecto de Empleo mantiene uno de los principios básicos que inspiran la reforma, que los agentes sociales dejen de desempeñar el doble papel que tienen hoy en el sistema al formar parte de los órganos de diseño, planificación, control y evaluación del sistema, siendo también gestores de programas y acciones formativas.

 

Ello no será óbice para que los sindicatos y las organizaciones empresariales sigan siendo protagonistas en la fase de planificación y diseño del sistema, "aprovechando la relevancia que tienen sus conocimientos y experiencia". Ello, "sin perjuicio de su posible participación, a través de entidades de formación acreditadas y registradas, como ejecutores de la formación y perceptores de fondos en condiciones de competencia abierta a todos los prestadores de formación".


(El Economista, 05-06-2014)

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