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Miércoles, 2 de septiembre de 2015

La formación para el empleo.

Aunque suene a frase hecha, no dejo de repetirlo: quien crea empleo es la economía. Cuando la economía crece –en España hablamos de una estimación de un 2,8% en 2015– nacen nuevos negocios que necesitan emplear a trabajadores. Surge, entonces, la necesidad de seleccionar a personas formadas y con la actitud suficiente para cubrir los empleos que se generan. Existe el riesgo real de que la economía crezca y se vea limitada por la falta de personal con la cualificación requerida.

Las políticas activas de empleo deben enfocarse a crear el suficiente número de personas formadas de acuerdo a las necesidades de cualificación de las empresas. Puede suceder que haya personas desempleadas, por un lado, y ofertas de empleo sin cubrir, por otro.

La mayor parte de las personas que hoy en día no tienen trabajo, carecen de la cualificación que el mercado necesita. Las empresas evolucionan, innovan y se adaptan continuamente, por lo tanto, las personas que las forman también tiene que adaptarse y seguir mejorando constantemente.

En este sentido, identificamos dos prioridades en las que se debe centrar la formación para el empleo: la primera es formar a las personas para los nuevos puestos que surgen en el mercado; la segunda, formar a las personas que están trabajando para que puedan mejorar su situación laboral.

Para ello, tenemos que partir siempre desde un análisis realista y diseñar las rutas formativas que permitan, a las personas sin trabajo, tener oportunidades de empleo. Deben ser rutas individualizadas, en función de las oportunidades de empleo, las capacidades, actitudes y habilidades potenciales que podría alcanzar cada persona. Solo haciendo posible que las personas alcancen un empleo conseguiremos mejorar su calidad de vida, la de sus familias y la de la sociedad en general.

España es campeona de Europa en personal no formado. 11 millones de trabajadores no tienen una cualificación superior a la ESO (educación secundaria). Esta tendencia además es cada vez más exagerada porque los trabajos se tecnifican. Las personas sin ningún tipo de cualificación profesional son paro estructural en potencia y cada día más. Si algo hemos aprendido en esta crisis, es que sin formación no hay empleo. Casi dos de cada tres jóvenes en situación de desempleo no realiza ninguna actividad formativa. Si no se forman, las probabilidades de inserción laboral se reducen y se incrementa el riesgo de exclusión social.

La financiación recaudada tiene carácter finalista, es decir, es una bolsa que debe ser destinada exclusivamente a formación y se genera con cargo a las retenciones aplicadas a los trabajadores en su nómina mensual, en concepto de formación, y a las aportaciones de las empresas. Los excedentes anuales debería ser reanualizados y no destinados a otras cuestiones.

Es necesario respetar que el dinero de las cuotas de formación de ocupados se destine a ocupados y que la financiación de desempleados se financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Somos un sector demonizado, que lo único que pretende es ofrecer formación con calidad para los trabajadores y personas en situación de desempleo, que pretende tener un beneficio justo con el trabajo tan importante que realiza, que es formar al capital humano para que las empresas españolas puedan ser más competitivas.

Sin beneficio no podemos crecer como empresas, no podemos investigar, no podemos invertir. Cualquier sector necesita que se le reconozca un excedente para poder crecer. La carga burocrática es mayor que nunca mientras que el ingreso cada vez es menor. Más trabajo en gestionar documentación que no aporta valor en la formación, a pesar del coste que nos supone a las empresas generar papel que debemos custodiar un periodo medio de siete años.

El Real Decreto-Ley 4/2015 recoge una formación basada en yacimientos de empleo y en nuevas necesidades formativas para trabajadores en situación de desempleo, pero veo riesgos claros.

Se plantean cursos de 300 horas de duración media para ocupados, que no son factibles en la práctica. Debemos mantener el espíritu de la formación continua, con cursos cortos de actualización para trabajadores en activo, que adecuen sus competencias a los cambios en el entorno.

El RD establece un endurecimiento de las sanciones y favorece, en parte, la reducción de prácticas fraudulentas pero, sin duda, la erradicación solo será posible si finalmente el beneficiario de la formación es el alumno y no la empresa impartidora.

Propongo que los centros deban tener un reconocimiento de calidad mínimo como la ISO 9001 y un modelo de excelencia en la gestión como EFQM (modelo de la fundación europea para la gestión de la calidad por sus siglas en inglés) o similar. También es necesario que tengan solvencia técnica y financiera. Así, podremos fomentar un mercado estable de centros de formación profesionalizados y experimentados.

El RD plantea un modelo de formación con cheque de formación. En alguno de los países en los que se ha implantado, como es el caso de Inglaterra, se ha suprimido por el fraude que ha generado, ya que se usó como moneda de cambio y ha promovido un mercado secundario. Creo que, para calibrar esta medida, sería preciso realizar una prueba piloto a pequeña escala y evaluar los resultados. Se debería trabajar más en lograr el mayor consenso posible. No podemos permitirnos un nuevo modelo cada cuatro años, necesitamos estabilidad para acometer un necesario cambio de modelo económico en España, basado en el conocimiento.

En este sentido, hay dos pactos ineludibles, uno en la formación para el empleo y otro en el modelo de educación. De este modo, ambos sistemas podrán complementarse y dejaremos de ver situaciones en que la formación continua se ve obligada a reparar los errores del sistema educativo.

 

Cinco Días.

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