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Lunes, 16 de noviembre de 2015

Las eléctricas denuncian la cesión a REE de datos de todos los usuarios.

 

Las grandes eléctricas, a través de su patronal, Unesa, denunciaron recientemente ante la Audiencia Nacional la decisión del Ministerio de Industria de que las distribuidoras eléctricas (grandes y pequeñas) cedan los datos de los 28 millones de consumidores domésticos a Red Eléctrica. En la resolución de junio sobre el protocolo de funcionamiento del nuevo sistema de precios por horas, que arrancó en septiembre, se establece que dichas distribuidoras deben enviar al operador del sistema las curvas horarias individualizadas de cada usuario. Concretamente, deben remitir a REE los datos que capturan en cada contador (24 medidas horarias por día), cuando hasta ahora solo debían remitirle la curva de carga agregada de todos ellos.

Como entre los argumentos utilizados por las denunciantes, y también por la CNMC en su informe sobre la medida, es que la norma en la que se incluye no tiene el suficiente rango legal, el Ministerio de Industria, lejos de atender la reclamación de las empresas, ha decidido incluirla en el proyecto de real decreto por el que se modifican distintas disposiciones del sector eléctrico (en su artículo 6) para dotarla de dicho rango. Este real decreto escoba se tramita desde principios de este año y está a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Para las distribuidoras se trata de una redundancia o duplicidad que supondrá un sobrecoste para el sistema, pues “el envío electrónico de tantos millones de datos es carísimo, una locura”, aseguran fuentes del sector. En estos momentos, los datos almacenados por las distribuidoras, que son las responsables de la lecturas de los contadores, están a disposición de las comercializadoras (que contratan el suministro con los usuarios) de forma gratuita.

Solo se enviarán a REE las curvas de los contadores inteligentes, que llegarán a 28 millones en 2018

Dos son las interpretaciones que hacen en el sector sobre esta supuesta prebenda a REE: por un lado, un mayor poder para la compañía que preside José Folgado (que podría arrebatar a medio plazo a las distribuidoras su potestad de lectura de los contadores) y, por otro, más ingresos para la empresa pública participada por la SEPI. Ingresos que procederían, según las mismas fuentes, o de una nueva retribución por los costes de gestionar dichas curvas de carga o del posible cobro a las comercializadoras independientes por el uso de estos datos. En estos momentos, el cobro no está regulado.

La CNMC fue muy crítica en su día con los cambios propuestos por el ministerio en el modelo de intercambio de información, “que requerirán un cambio sustancial del marco regulatorio”. El operador del sistema es el responsable del concentrador principal de medida (es el servidor de datos de los contadores de alta tensión), mientras que las distribuidoras lo son de los llamados concentradores secundarios y leen sus propios puntos de medida.

El organismo regulador considera que en estos momentos “no se justifica la necesidad de duplicar los servidores de datos”, pues “no aporta ninguna ventaja técnica ni económica, sino una mayor complejidad” y supondría un coste añadido “que se repercutiría directamente en los costes del sistema”.

 

Cinco Días.

 
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