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Viernes, 1 de abril de 2016

¿Es posible una justicia digital en España?

Al margen de otros logros o desaciertos, si por algo aspira a ser recordado el ministro Rafael Catalá es por su decisión de digitalizar la justicia y hacer que las tecnologías entren en el único servicio público que aún vive en el desaparecido, y para algunos añorado, mundo analógico. El 1 de enero entró en vigor, por la reformada Ley de Enjuiciamiento Civil, la obligatoriedad de que las comunicaciones entre los diferentes operadores jurídicos y la Administración de justicia se realicen exclusivamente por medios electrónicos, a través del sistema LexNet. Desde esa fecha, el sector vive en un cruce de informaciones y valoraciones en diferentes sentidos. Algunos colectivos, del Consejo de la Abogacía al Fiscal, de Jueces para Democracia al grupo parlamentario de Ciudadanos, presionan por ampliar los plazos y alertan del riesgo de colapso.

Pero LexNet no es una novedad ya que, como recuerda el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, “los procuradores llevamos 16 años utilizándolo con satisfacción. Lo que es novedosa es la entrada en el sistema de otros profesionales, como abogados, graduados sociales o fiscales, que no están habituados, como lo están los procuradores, a usar LexNet. Esto produce un incremento de volumen en el sistema, lo que genera obviamente incidencias”.

El Consejo General de la Abogacía Española exige plazos realistas para adaptarse al cambio

Por ello, Estévez defiende un sistema del que los procuradores son un usuario principal, como representantes de las partes en todo procedimiento, y advierte del riesgo de volver atrás o suspender el sistema. “No será fácil explicar a la ciudadanía, porque no lo entendería, que todos usemos cotidianamente nuestro teléfono o tableta para comunicarnos con instituciones públicas o privadas, pero que en justicia no sea posible”. Reconoce que los profesionales “sufrirán disfunciones o problemas como mínimo hasta el mes de mayo”, pero está convencido de que, al acabar este año, “la mayoría de los problemas estarán ya resueltos, si las autonomías, como ya está haciendo el ministerio, ponen los medios para ello”.

Y es que a los problemas insoslayables a cualquier innovación tecnológica se les añaden el del reparto competencial. El Ministerio de Justicia mantiene las competencias en la comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia, además de Ceuta y Melilla, mientras que el resto de las autonomías las tienen transferidas y utilizan sistemas informáticos propios. Al sistema Minerva que usa el ministerio y en el que, según opinión de los procuradores, LexNet “funciona razonablemente bien”, hay que añadir el Cicerone de la Comunidad Valenciana, e-Justicia.cat en Cataluña, Adriano en Andalucía y, así, hasta completar el mapa autonómico.

Por su parte, el Consejo Fiscal, reunido el 16 de marzo, emitió una resolución sobre LexNet mostrando “su profunda preocupación por las importantes disfunciones” que su implantación está suponiendo y advirtiendo de que “las dificultades de una actuación eficaz del ministerio fiscal en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración”. La Fiscalía General del Estado también usa un sistema informático propio, el Fortuny.

“El entorno jurídico es especialmente garantista y conservador”, dice la secretaria de Estado

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se ha dirigido al Ministerio de Justicia para “exigir un plazo realista para que se garantice el correcto funcionamiento de LexNet en todo el territorio” y piden que “para garantizar la seguridad jurídica en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos” se mantenga la posibilidad de presentar escritos tanto en formato digital como en papel.

La abogacía recuerda que ha realizado una importante inversión económica, tecnológica y personal con la puesta en marcha de la plataforma digital LexNet Abogacía “que más de 42.000 abogados han utilizado durante el mes de enero”, y que ha desarrollado una importante labor de formación y de creación de herramientas para facilitar a los abogados el uso de LexNet.

En lo que respecta a los otros grandes protagonistas en la implantación de la justicia digital, los jueces, también se observan diferentes realidades. El decanato de los juzgados de Madrid ha prorrogado hasta el 31 de marzo la vigencia de su acuerdo gubernativo de enero por el que acepta que los juzgados de Madrid puedan recibir escritos “tanto por vía telemática, utilizando el sistema LexNet, como en papel”.

El Consejo Fiscal ha manifestado su profunda preocupación por las disfuncionesde LexNet

Dicho acuerdo advertía de que “los medios electrónicos, aplicaciones y sistemas tecnológicos con los que cuentan las servicios comunes de las oficinas de registro y reparto del decanato de los juzgados y órganos judiciales de Madrid no permiten dar cumplimiento a la previsión normativa sobre presentación por medios telemáticos o electrónicos de los escritos y demás documentos dirigidos a las oficinas judiciales”. En similares términos se han adoptado resoluciones en otros territorios, como Canarias, donde LexNet solo funciona, de momento, en los juzgados de La Laguna.

Joaquín Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, dice “que hay que digitalizar los juzgados pero no de esta manera” y que “no es de recibo que los operadores jurídicos estén descontentos con LexNet” ya que se ha actuado “con precipitación”. Sobre la posibilidad de realizar una moratoria en la implantación del sistema, pedida por la abogacía y rechazada tajantemente por el titular de Justicia en funciones, Rafael Catalá, cree Joaquín Bosch que “cumpliendo la ley se pueden incorporar elementos cautelares suspensivos. Si es materialmente imposible cumplir con la norma se pueden articular remedios desde la ley”. En su opinión, “más vale perder que más perder, ya que empecinarse no es la mejor opción. A veces los políticos viven en un país ilusorio”.

Para completar el cuadro, a la polémica se han sumado los grupos parlamentarios de Ciudadanos, con una proposición no de ley en la que pide una moratoria temporal de LexNet por la “gran inseguridad jurídica” generada por las “numerosas caídas o colapsos” del sistema y del PSOE, pidiendo la comparecencia del ministro en sede parlamentaria “para que explique los problemas detectados en LexNet”.

Ante todo ello, el Ministerio de Justicia defiende su proyecto estrella, reconociendo que existen problemas en su implantación con el peso de la estadística. El último informe hecho público y referido al mes de enero refleja que la tasa de incidencia en LexNet fue del 0,05% sobre las 4.739.339 comunicaciones electrónicas realizadas (que a esta fecha ya superan los 11 millones) y que, en ese periodo, la presentación electrónica de documentos había generado 28,61 millones de euros de ahorro para los profesionales en desplazamientos, tiempo y papel, además de reducir de 60 a 16 días el tiempo de tramitación de un procedimiento ordinario.

La última batalla para que el siglo XXI empiece a correr en el calendario de la justicia está servida.

 

Cinco Días.

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