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Viernes, 22 de julio de 2016

El Tribunal de Cuentas detecta que 30.000 fallecidos 'cobran' pensión.

La institución desvela que entre 2012 y 2014 la Seguridad Social perdió 10, 2 millones al prescribir su derecho a la devolución bancaria.

Un total de 29.300 personas figuraban con el mismo DNI en la nómina de la Seguridad Social de diciembre de 2014, como perceptores de alguna pensión, y en la base de datos de fallecidos del Instituto Nacional de Estadística. Es más, 27.860 de los fallecidos seguían cobrando en octubre de 2015. El importe mensual total de estas prestaciones es de 25,3 millones de euros. Esta es la conclusión más sorprendente del informe que el Tribunal de Cuentas publicó ayer sobre La gestión y control de las prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social del ejercicio 2014.

El órgano fiscalizador denuncia así una grave falta de control administrativo, incluyendo a la Dirección General de los Registradores y del Notariado, a la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Estadística sobre el registro de las personas fallecidas. En consecuencia, las "deficiencias" producen falta de control con las prestaciones públicas que pudieran haber recibido. Este periódico intentó obtener ayer una explicación del Tribunal de Cuentas sobre el informe, pero no fue posible. Fuentes de la Seguridad Social consultadas por EXPANSIÓN achacaron los problemas denunciados por el Tribunal de Cuentas a las carencias de informatización de los controles de fallecidos que, precisamente, se implantaron plenamente y se empezaron a corregir a partir de 2014. Antes había lo que los técnicos llaman un "control manual", en la lengua de los expertos de la Seguridad Social. Es decir, en buena parte de la década de los años 90 del siglo pasado, y la primera década de este siglo, muchos controles eran rudimentarios por la falta de informatización y dependían de la información de cementerios, tanatorios o, incluso, esquelas.

Las mismas fuentes explicaron que, actualmente, existen cuatro vías de control de los pensionistas fallecidos. La primera, un intercambio diario de información sobre defunciones de la Seguridad Social con el Ministerio de Justicia. Un intercambio mensual de la misma información con el INE. Los propios controles que al respecto hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social y, por último, los pensionistas residentes en el extranjero deben presentar anualmente su fe de vida en el consulado español del país que residan.

En el control de fallecimientos también, el Tribunal de Cuentas señala que la Seguridad Social pierde dinero de las pensiones cobradas indebidamente cuando no hay control sobre las cuentas corrientes a las que se abonan. Pasados cuatro años, prescribe el derecho de la Administración a recibir automáticamente del banco las cantidades pagadas indebidamente -retrocesión bancaria- como pensiones. Por esta razón, entre 2012 y 2014, la Seguridad Social perdió por esta vía 10,2 millones de euros, abonados a 233 pensionistas fallecidos.

 

 

Colaboración bancaria

En este capítulo, el Tribunal de Cuentas critica la falta de colaboración de los bancos con la Seguridad Social. El informe recuerda que, ya en 2013, la Tesorería General de la Seguridad Social escribió una carta a la patronal bancaria AEB dando cuenta de que "algunas entidades financieras están incumpliendo la obligación de devolver a la Seguridad Social, las cantidades abonadas en las cuentas corrientes de los fallecidos".

La carta señalaba que "el incumplimiento de esta obligación no sólo genera importantes quebrantos a la Seguridad Social, sino a la propia entidad financiera que responderá de la devolución de esas cantidades". "Ni la Administración ni las entidades financieras tienen establecido un control de vivencia" de los pensionistas.

La Seguridad Social señala que lo que prescribe a los cuatro años es la obligación automática de la entidad financiera de devolver las cantidades a la Administración -retroceso-. "Sin embargo, hay otros medios" para que, una vez transcurridos esos cuatro años, la Seguridad Social pueda seguir reclamando por la vía judicial".

El INSS responde con toda sinceridad que se niega a hacer ir a sus oficinas a más de 1,2 millones de pensionistas que tienen más de 85 años.

 

Expansión.

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