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Escribano
Lunes, 10 de julio de 2017

El modelo anticorrupción francés llega a las empresas españolas

Sobornar a un funcionario público está castigado en Francia con una multa de 2,5 millones de euros para la empresa y hasta cinco años de cárcel para el directivo o empleado que cometa el delito. Pero el país galo ha decidido dar una vuelta de tuerca más a su legislación anticorrupción y, desde el 1 de junio, también castiga que las empresas no cuenten con un programa de compliance para prevenir estas prácticas.

 

Mientras que en España estos sistemas sirven como eximente o para reducir la responsabilidad penal de la empresa si un empleado comete un delito, su aplicación, de momento, es voluntaria. Sin embargo, Francia ha optado por una visión más anglosajona y "ya no es suficiente con no sobornar" para conseguir un contrato, sino que, además, "las compañías tienen que demostrar que previenen" y evitan este tipo de prácticas, según explica Juan Luque, socio de Mazars.

 

Esta medida no sólo afecta a las empresas francesas, sino también a muchas compañías españolas, concretamente, a todas aquellas que hagan negocios en el país galo a través de una filial que facture más de 100 millones de euros y tenga una plantilla que supere los 500 empleados.

 

Por otra parte, Luque añade que la nueva normativa también afecta, independientemente del tamaño de la compañía, a todas aquellas sociedades radicadas en España pero que sean filiales de algún grupo francés obligado a cumplir con esta legislación.

 

A partir de ahora, Francia impone a las empresas, y no sólo a las grandes, sino también a las consideradas como middle market (tamaño medio), a contar una política anticorrupción que debe incluir los siguientes aspectos: mapa de riesgos, código de conducta, procedimientos de evaluación, programa de formación, canal de denuncias, otro de control y evaluación y un régimen disciplinario.

 

Expansión

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