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Escribano
Lunes, 29 de enero de 2018

Las nuevas armas de Hacienda para luchar contra el fraude y la elusión fiscal

La eficacia en la lucha contra el fraude fiscal depende cada vez más de la colaboración internacional y de la capacidad tecnológica de las distintas Agencias Tributarias para evaluar y analizar la ingente cantidad de datos que un mundo globalizado exige. Y en ambos aspectos España se encuentra en el grupo de cabeza gracias a su participación activa en los distintos programas de intercambio de información puestos en marcha desde la OCDE y al avanzado sistema informático del fisco. El plan de control tributario 2018 aprobado hace unos días va en esa línea y resalta la puesta en marcha de dos mecanismos internacionales, el CRS y la información 'país por país', que permitirán conocer a los titulares reales de las cuentas bancarias en un centenar de jurisdicciones y que obligarán a las multinacionales a decir dónde generan beneficios para evitar la elusión de impuestos.

 

La lucha contra el fraude permitió recaudar 14.883 millones en 2016 -último dato disponible-. Sin embargo, la economía sumergida en España mueve alrededor de 168.000 millones, lo que representa un 16% del PIB, según la estimación del Consejo General de Economistas. Además, los recientes casos de los 'papeles de Panamá' o la famosa lista Falciani, entre otros, muestran que las vías de escape de los defraudadores pasan por la opacidad fiscal de ciertos países. En parte a raíz de esos escándalos y para tratar de corregir esa situación, la OCDE ha puesto en marcha el programa CRS ('Common Reporting Standard') de intercambio automático de información de los titulares de cuentas bancarias mediante un sistema estandarizado.

 

En concreto, este sistema inspirado en la normativa FACTA de EE UU permitirá a la Agencia Tributaria conocer los nombres de las personas físicas o jurídicas residentes en España que estén detrás de una cuenta, así como el saldo de la misma y los intereses generados. Una información que será remitida de forma automática por los países firmantes del acuerdo y que ascienden a un centenar. Precisamente, el principal avance consiste en que ya no será necesario solicitar uno a uno la información sobre un contribuyente concreto a un Estado, sino que esos datos se remitirán de forma periódica entre las distintas agencias. Al mismo tiempo, la entidades financieras tendrán la responsabilidad de comunicar esa información a los organismos tributarios para no ser sancionadas.

 

De momento, el mecanismo empezó a funcionar el año pasado con una treintena de estados, España entre ellos, y está previsto que supere el medio centenar este ejercicio y en 2019 pueda aplicarse a todos los firmantes. El plan de control tributario destaca ya «la recepción de información de cuentas financieras titularidad de residentes en España procedente de un número muy significativo de jurisdicciones» en el marco de ese programa. En este sentido, la Agencia Tributaria se compromete a poner en marcha los mecanismos internos para «procesar y explotar» estos datos y facilitar un «más rápido tratamiento de la información fiscal recibida respecto de las cuentas financieras que se mantienen en el extranjero».

 

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