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Escribano
Lunes, 5 de marzo de 2018

Los ayuntamientos ganan sus primeros pulsos a Hacienda

La batalla soterrada que libran los ayuntamientos, sobre todo los más grandes, con Hacienda desde hace varios años podría estar cerca de llegar a su fin. Y es que la presión realizada durante meses por las corporaciones locales -únicas administraciones públicas con las cuentas saneadas y que ya han cumplido el objetivo de deuda- para gastar su superávit presupuestario, acelerar la financiación local o reformar el impuesto de plusvalías empieza a dar sus frutos. La amenaza de los municipios de llevar a cabo medidas de mayor calado, incluidas algunas formas de protesta, ha inclinado de momento la balanza a su favor.

 

De hecho, el departamento que dirige Cristóbal Montoro abrió esta semana la mano y se comprometió con los ayuntamientos a dejarles reinvertir en dos años los más de 5.000 millones de euros de superávit que se estiman generaron en 2017 -la cifra exacta se conocerá en pocas semanas-. Toda una victoria para las corporaciones locales.

 

«Somos los únicos que cumplimos con la estabilidad presupuestaria. No estamos por la labor de que encima se nos castigue». Con esas palabras el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, advertía al Gobierno de que estaban dispuestos a elevar la presión. De hecho, cerca de 300 alcaldes y presidentes de diputaciones se reunieron el pasado martes para mostrar unidad tras esa batería de demandas. Sin embargo, lo que iba a ser un encuentro con tono reivindicativo se convirtió en un acto festivo tras las cesiones de Hacienda justo un día antes.

 

En concreto, Montoro aceptó aprobar un decreto urgente para que los municipios puedan reinvertir su superávit presupuestario. Hay que tener en cuenta que las corporaciones locales suman seis ejercicios con saldos positivos en sus cuentas públicas. Sin embargo, la regla de gasto recogida en la ley de estabilidad impide que puedan utilizarlo en su mayor parte. Es decir, fija un tope de incremento del gasto en función del crecimiento potencial de la economía, lo que en la práctica impide a los ayuntamientos consumir su superávit salvo que se dediquen a operaciones «financieramente sostenibles» (mantenimiento de alumbrado, alcantarillado, zonas verdes, sistemas de transporte...) o bien a amortizar la deuda. Aunque esta norma sirve para todas las administraciones, los municipios son los únicos a los que les afecta de lleno, ya que el resto de ellas todavía están luchando por reducir su déficit.

 

Precisamente, el superávit de las corporaciones locales servía al Gobierno para compensar los desfases de comunidades, Estado y, sobre todo, Seguridad Social. Un colchón con el que cuadrar las cuentas ante la UE.

 

Esta situación provocó que algunos ayuntamientos se enfrentaran directamente con Hacienda por la regla de gasto. El caso más claro fue el de Madrid, que obligó a Montoro a imponer un control reforzado semanal sobre sus gastos. La situación se recondujo tras modificar el equipo municipal liderado por Manuela Carmena parte del presupuesto.

 

En cualquier caso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya advirtió que los 16 municipios con más de 250.000 habitantes reducirían su superávit un significativo 40% el pasado ejercicio por incumplir la regla de gasto. Ante esta situación a Hacienda no le ha quedado más remedio que negociar.

 

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