Cambio laboral crucial: Empresas deben preavisar con seis meses antes de cerrar y despedir a más de 50 trabajadores.

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El Gobierno aprueba una normativa que exige un aviso anticipado a Trabajo en casos de cierre de centros laborales, lo que impacta en los despidos colectivos y genera desafíos para las empresas.
El Gobierno aprueba una normativa que exige un aviso anticipado a Trabajo en casos de cierre de centros laborales, lo que impacta en los despidos colectivos y genera desafíos para las empresas.

Importante cambio en materia de despidos colectivos. Las empresas deberán preavisar con seis meses de antelación a Trabajo antes de cerrar un centro y despedir a más de 50 trabajadores, según una disposición del decreto para empresas en crisis que desarrolla los ERTE.

En el marco de la publicación de una norma que permite a las empresas afectadas por crisis inesperadas acogerse a un régimen especial de ayudas, se esconde un relevante cambio en las reglas de los despidos colectivos. A partir de ahora, las compañías deberán notificar con antelación a la autoridad laboral y a los sindicatos si planean cerrar definitivamente uno o varios centros de trabajo, lo cual implicaría el despido de 50 trabajadores o más.

Este cambio se encuentra en una disposición que modifica el reglamento vigente sobre despidos colectivos y suspensión de contratos. Concretamente, la normativa establece que cuando una empresa prevé el cierre de uno o varios locales que afecten a 50 o más empleados, el empresario deberá notificarlo a la Dirección General de Trabajo con seis meses de antelación antes de iniciar el diálogo con los actores sociales.

Además, la compañía también deberá enviar una copia de dicha notificación a los sindicatos. Existe una excepción en caso de un cierre precipitado e imprevisto, en la cual la empresa podrá informar del despido colectivo tan pronto como sea posible, pero deberá proporcionar una justificación sólida por no haber avisado antes.

Es importante destacar que esta modificación, que inicialmente estaba incluida en un proyecto de Ley de Industria, ha sido implementada mediante un decreto debido a la disolución de las Cortes. Sin embargo, el cambio significativo no es mencionado en la exposición de motivos del decreto.

Este nuevo marco legal alarga el proceso de despidos colectivos e introduce una fase previa al periodo de consultas, lo cual brinda más tiempo a los sindicatos para organizar su defensa. Aunque la normativa no detalla los pasos a seguir durante este largo periodo de tiempo, ni su finalidad real, se considera que puede afectar a las empresas en dificultades económicas que deseen cerrar un centro lo antes posible.

En resumen, esta modificación en los plazos de preaviso de despidos colectivos tiene un impacto significativo en la regulación y estrategia de comunicación y negociación. Además, deja en manos de la Administración y los sindicatos las acciones a desarrollar durante ese largo espacio temporal, sin especificar su objetivo específico.

Esta medida busca equilibrar la protección de los trabajadores y la planificación empresarial en situaciones de cierre, pero plantea desafíos y consideraciones adicionales para las empresas.

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