Canales de denuncias obligatorios para empresas de entre 50 y 249 trabajadores.

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El incumplimiento se sancionará con hasta un millón de euros
El incumplimiento se sancionará con hasta un millón de euros

Las empresas de entre 50 y 249 trabajadores tienen desde el 1 de diciembre de 2023 la obligación de contar con un canal de información o denuncias conforme a la Ley 2/2023, de protección del denunciante.

El incumplimiento de esta obligación se sancionará con multas de hasta un millón de euros, según establece la ley.

Las empresas que aún no hayan implantado el canal de denuncias tienen poco margen de tiempo para hacerlo. Es fundamental que conozcan los requisitos que deben cumplir los sistemas de información y canales internos para no equivocarse en su elección.

Los canales de denuncias deben ser confidenciales y anónimos, y deben permitir la comunicación de cualquier tipo de irregularidad, incluyendo la corrupción, el fraude, el acoso laboral o los delitos ambientales.

El establecimiento de un canal de denuncias es una medida fundamental para prevenir y detectar irregularidades en las empresas. También es una herramienta eficaz para promover una cultura de integridad y confianza en el seno de la organización.

Análisis:

La obligación de implantar un canal de denuncias para las empresas de entre 50 y 249 trabajadores es una medida importante para luchar contra la corrupción y otros delitos en el ámbito empresarial.

Los canales de denuncias permiten a los empleados y terceros denunciar de forma segura e anónima cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento. Esto puede ayudar a prevenir y detectar delitos, así como a proteger a los denunciantes de represalias.

Es importante que las empresas que aún no hayan implantado el canal de denuncias lo hagan cuanto antes. El incumplimiento de esta obligación puede conllevar cuantiosas sanciones económicas y reputacionales.

Además, el establecimiento de un canal de denuncias es una medida eficaz para promover una cultura de integridad en la empresa. Cuando los empleados saben que pueden denunciar de forma segura e anónima las irregularidades, se sienten más seguros y motivados para contribuir a la prevención de delitos.

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