Comisión para hacer comprensible el lenguaje jurídico a la ciudadanía

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 La creación y funcionamiento de esta Comisión no supondrá un aumento del gasto público y el desarrollo de sus funciones se ejecutará con los recursos humanos y los medios materiales ya existentes.

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden por la que se crea la Comisión que nace bajo la finalidad de garantizar la claridad, la calidad, la modernización y la accesibilidad del lenguaje jurídico en el ámbito de la Administración de Justicia.

En marzo del año pasado , las principales instituciones estatales del ámbito de la justicia (el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial; la Fiscalía General del Estado; la Real Academia Española; la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España), suscribieron el denominado Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía.

 Con la intención de modernizar y clarificar el lenguaje jurídico, haciéndolo accesible y compresible para la ciudadanía, los ocho firmantes concertaron colaborar en el impulso de la formación lingüista de los profesionales del Derecho, el reconocimiento público de buenas prácticas, el acercamiento del lenguaje jurídico a la ciudadanía, y la estandarización de documentos jurídicos.

Igualmente, su apartado tercero preveía la creación, por orden ministerial de la persona titular del Ministerio de Justicia, de una Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico, que actuaría como garante de la calidad y accesibilidad del mismo, y que estaría constituida, además de por los representantes del Ministerio elegidos, por un representante de cada una de las ocho instituciones firmantes del citado Protocolo.

 Esta Comisión nace, como es lógico, con el objetivo de garantizar la calidad y la accesibilidad del lenguaje jurídico en el ámbito de la Administración de Justicia.

Con respecto a las funciones encomendadas, según se desprende de la Orden, la Comisión desempeñará tareas de evaluación de los trabajos realizados por la comisión de seguimiento del convenio mencionado en el apartado segundo del repetido Protocolo.

También, la nueva organización podrá llevar a cabo funciones de asesoramiento, para la mejora de la claridad y la modernización del lenguaje jurídico, al Ministerio de Justicia, en el marco de su Proyecto Justicia 2030 y de su producción normativa

Composición de esta comisión:

La presidencia corresponderá a la persona titular de la Subsecretaría de Justicia.

Las diez vocalías serán asumidas por los siguientes representantes de las principales instituciones estatales del ámbito de la justicia de nuestro país:

Una persona en representación del CGPJ.

Una persona en representación del Gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia.

Una persona en representación del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Justicia.

La persona titular de la Fiscalía-Jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado.

Una persona en representación del Gabinete de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

La persona titular de la Vicepresidencia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

La persona titular de la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española.

La persona titular de la Presidencia del Consejo General de Procuradores de España.

La persona titular de la Presidencia del Consejo General Graduados Sociales España.

La persona titular de la Dirección del Departamento «Español al día» en la RAE.

La secretaría de la comisión será desempeñada por la persona representante del Gabinete Técnico de la Subsecretaría.

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