Creación de empresas con un capital social de un euro

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 Conocida como Ley Crea y Crece, la Ley de Creación y Crecimiento Empresas ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados. La norma tiene como fin ayudar en la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión.

Crea y Crece, facilita la creación de una empresa, al reducir el coste económico y simplificar los trámites para su constitución. Así, se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro, frente al mínimo legal de 3.000 euros establecido hasta el momento. De esta manera, se permite a las empresas utilizar estos recursos en usos alternativos y se facilita el emprendimiento.

También, se favorece la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales.

Hay que destacar en la nueva la ley la inclusión de una serie de medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, una cuestión que termina provocando importantes problemas de liquidez a muchas pequeñas empresas.

A este respecto, la Ley extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta disposición, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.

También, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.

Las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.

En conclusión, se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará un seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. Entre sus acciones se incluye la publicación de un listado anual de empresas morosas (personas jurídicas que no paguen en plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros).

Además, se incluye en la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Morosidad la obligación de que las empresas grandes indiquen en sus memorias anuales el periodo medio de pago a sus proveedores o el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad.

Otro de los elementos que han sido tenidos en cuenta es la financiación de estas empresas. A este respecto, la norma incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

En el ámbito del crowdfunding, la Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, poniendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Igualmente, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión.

Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de inversión por proyecto (de dos a cinco millones de euros) y se modifican los límites de inversión por proyecto para inversores minoristas.

Asimismo, se impulsa la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.

Finalmente, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia. La Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a excepción del artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresas y autónomos, que producirá efectos, para las empresas y autónomos cuya facturación anual sea superior a ocho millones de euros, al año de la publicación en el BOE y, para el resto de las empresas y autónomos, a los tres años de la citada publicación en el Boletín Oficial del Estado

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