La Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo establece la libertad de establecimiento como un principio fundamental del Derecho de la Unión. Esto significa que las empresas tienen derecho a constituirse y operar en cualquier Estado miembro de la UE, bajo las condiciones establecidas por la legislación del Estado miembro de establecimiento.
El caso:
Sin embargo, surge la pregunta de si un Estado miembro puede aplicar su legislación nacional a los actos de gestión de una empresa establecida en otro Estado miembro, pero que ejerce la mayor parte de sus actividades en el primer Estado miembro.
Análisis:
El considerando 2 de la Directiva sugiere que esto podría ser contrario a la libertad de establecimiento. Se argumenta que tal normativa podría obligar a la empresa a cumplir con dos conjuntos de normas, lo que dificultaría su gestión y constituiría un obstáculo al ejercicio de su libertad.
Además, el derecho a la libertad de establecimiento también implica el derecho a ejercer la actividad en otro Estado miembro. La sujeción al ordenamiento jurídico de un Estado miembro se determina por la ubicación del domicilio social estatutario, la administración central o el centro de actividad principal.
Restricciones a la libertad de establecimiento:
Las restricciones a la libertad de establecimiento solo son admisibles si se justifican por razones imperiosas de interés general, como la protección de accionistas, acreedores, trabajadores y terceros.
Los Estados miembros también pueden adoptar medidas para prevenir o sancionar fraudes, pero estas medidas deben ser adecuadas y proporcionadas al objetivo perseguido.
Conclusión:
En base a lo expuesto, se puede concluir que las normas de la UE se oponen a cualquier normativa de un Estado miembro que aplique de forma general su legislación nacional a los actos de gestión de una empresa establecida en otro Estado miembro, pero que ejerce la mayor parte de sus actividades en el primer Estado miembro.
