El Gobierno apuesta por alcanzar los 21 meses de suspensión concursal

El Gobierno se propone dejar en el limbo los procedimientos concursales de las compañías españolas alargando la moratoria, vigente desde el pasado abril, hasta finales de este año, lo que arrojaría 21 meses de suspensión, a fin de retrasar todo lo posible la consumación de las insolvencias que deje la pandemia. Así, según confirman fuentes oficiales y publicó ayer El País, la moratoria será extendida hasta el 31 de diciembre dentro del plan de apoyo a la solvencia empresarial que se aprobará finalmente en un Consejo de Ministros extraordinarios el viernes tras el intento fallido de tenerlo listo ayer.

La moratoria es parcial, solo levanta temporalmente la obligación de solicitar la declaración del concurso de acreedores voluntario por parte de los deudores sujetos a este mandato y suspende la obligación de los jueces de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario que les presenten los acreedores. Aprobarla evitó miles de procedimientos a lo largo de 2020, si bien las cifras han comenzado a repuntar en el arranque de 2021 durante la embestida de la tercera ola del Covid contra un tejido productivo ya agotado. El objetivo del Gobierno ahora es dar el resto del año de margen para que su nuevo plan de ayudas surta efecto y ganar tiempo para reformar la ley concursal trasponiendo la directiva europea pendiente.

Este plazo adicional podría acabar evitando muchos de esos potenciales concursos, aunque complicará el cobro de deudas por parte de acreedores también acuciados por la crisis y amenaza con colapsar los juzgados cuando se levante el bloqueo si la nueva legislación concursal no agiliza realmente los procesos.

Pese a la presión por las ayudas directas, la moratoria es la medida que más urge porque su última prórroga culmina este domingo, motivo por el cual el plan se aprobará este viernes, en lugar de esperar al Consejo de Ministros ordinario del próximo martes, reveló ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al término de la cita semanal del Gabinete en la se aspiraba a haber aprobado todo el paquete. “El retraso se debe solo y exclusivamente a cuestiones técnicas”, sostuvo Montero, asegurando que “no se debe a tensión o conflicto de los socios de Gobierno” por la composición del plan. Este, aseguró, está ya definido a falta de los últimos retoques, si bien rehusó dar detalles hasta su aprobación definitiva.

El programa nutrirá con 11.000 millones de euros tres fondos: uno destinado a dar ayudas directas a las firmas para cubrir sus costes fijos; otro para facilitar la reestructuración de préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otro, menor, de recapitalización de pymes. Según otras fuentes, el reparto de los recursos entre las diferentes herramientas o la decisión de si las ayudas directas las gestionará el Gobierno central o los autonómicos habrían dividido a los socios de coalición, provocando el retraso, tras una propuesta de última hora de Podemos solicitando elevar las trasferencias a 8.000 millones.

Así, aunque la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, también desligó ayer la demora de disputas internas, afeó la petición de ayudas directas extra de Podemos. “Esto no es una subasta de cantidades, es un trabajo serio y responsable. Una cuestión compleja que no se resuelve con un tuit o con una nota de dos páginas”, dijo a la prensa en el Senado.

En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma de los impuestos de sociedades y la renta de no residentes para atajar la elusión fiscal en operaciones vinculadas al transponer la llamada directiva de “asimetrías híbridas” que impide dobles deducciones sobre un mismo gasto.

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