La fiscalidad de la luz: los 3.000 millones con que el Gobierno juega para atajar el tarifazo eléctrico

El Gobierno ha decidido apretar el botón fiscal para tratar de contener la aparentemente imparable escalada de los precios eléctricos que España viene sufriendo en los últimos tiempos. Juega para ello con un universo tributario que, a través de diferentes figuras específicas, arrojaba antes de la pandemia unos 3.000 millones de euros anuales.

Aunque el Ejecutivo busca también que parte de la factura de contener el precio de la luz caiga sobre los hombros de las grandes empresas energéticas, buena parte del impacto recae sobre Hacienda.

Hasta ahora, el Consejo de Ministros había tomado ya dos decisiones. En primer lugar, había rebajado del 21% al 10% el IVA que recae sobre el consumo eléctrico, medida que seguirá en vigor hasta el 31 de diciembre, mientras que el megavatio hora siga por encima de los 45 euros, para los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kilovatios.

En segundo lugar, se suprimió temporalmente, durante el tercer trimestre del año, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE), un tributo directo a las eléctricas que grava al 7% las actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía de este tipo.

Ayer, el Gobierno decidió mantener la suspensión de este tributo durante el cuarto trimestre a la vez que rebajaba del 5,1% al 0,5%, el mínimo que permite la legislación comunitaria, el impuesto especial sobre la electricidad.

El presidente del Ejecutivo de coalición, Pedro Sánchez, estimaba esta semana que solo las dos primeras medidas arrojaban una pérdida de recaudación de unos 1.400 millones de euros que el Estado dejaba de ingresar para dar aire a los consumidores.

Para evaluar el impacto global de la medida, en todo caso, conviene repasar la evolución de la recaudación de las distintas figuras. Esta ha oscilado con fuerza en función del consumo eléctrico, que resulta relativamente dispar entre los distintos ejercicios y más aún, como es lógico, bajo los efectos de la pandemia.

Así, en 2020, los españoles consumieron electricidad por valor de 27.489 millones de euros sin contar el IVA, aprovechando 222.114 millones de kilovatios hora a un coste de 14,97 céntimos de euro por cada uno.

Como resultado, el Estado ingresó un total de 1.237 millones de euros entre el IVA y el Impuesto Especial sobre la electricidad. El año pasado, sin embargo, es mala referencia para calcular el universo fiscal de la energía, pues el Gran Confinamiento y el cese de toda actividad no esencial durante la primavera de 2020 alteró toda la estadística.

Más fiable resulta tomar como referencia 2019, con un consumo de 30.843 millones sin IVA a 15,85 céntimos el kilovatio hora, con una recaudación total de 1.376 millones, o 2018, con 31.130 millones consumidos, a 15,72 céntimos el kilovatio, y unos ingresos públicos de 1.352 millones.

Otro tanto ocurre en el caso del impuesto sobre la generación eléctrica, que el año pasado aportó 1.146 millones, pues la recaudación asociada ha oscilado entre los 1.500 millones de 2017 y los 717 de 2019, dado que no es la primera vez que el tributo, creado en 2013, se suspende temporalmente.

En suma, incluso en el periodo prepandémico la recaudación de estas tres figuras oscila entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros (en 2019 y 2018, respectivamente, por dar un ejemplo), lo que complica el cálculo aplicable a un periodo como el actual.

En todo caso, tomando la recaudación de IVA e Impuesto Especial del año 2019 y el del tributo a la generación de 2018, para evitar las distorsiones antes mencionadas, se puede estimar que las medidas del Ejecutivo tendrán un coste aproximado de 1.420 millones de pérdida de ingresos.

En concreto, cada uno de los dos trimestres con el impuesto a la producción suprimido se perderán casi 400 millones; los dos trimestres con el IVA reducido restan, en cada caso casi 290 millones y la reducción del Impuesto Especial puede costar unos 55 millones.

A partir de ahí, en todo caso, habría que sumar la factura añadida de compensar a las comunidades autónomas por la pérdida de esta última fuente de ingresos, ya que es a quienes les corresponde percibirlo al tratarse de un impuesto estatal cedido. Es decir, que el coste total para las arcas públicas puede rondar los 1.500 millones de euros, a falta de ver cómo evoluciona el mercado y el consumo.

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